La interpretación y traducción jurídica en las administraciones públicas

La traducción jurídica de documentos es una actividad esencial en algunas administraciones públicas, además de la interpretación personal. Todo estado ofrece unos derechos y unas garantías en el marco de las relaciones internacionales. Para ello, es muy importante contar con traductores profesionales expertos en la materia. ¿Quieres conocer más sobre este ámbito?

Desde Trad&Go, tu agencia de traducción, te contamos un poco más acerca de las diferentes ramas y disciplinas de la traducción. Hoy le toca el turno a la interpretación y la traducción jurídica en el ámbito de las administraciones públicas. ¡Sigue leyendo para saber más!

Protección de los Derechos Humanos

Los traductores e intérpretes institucionales desarrollan su labor profesional en numerosos ámbitos de la Administración Pública. Por ello existen numerosas normas, tanto nacionales como internacionales, que se refieren a la figura del traductor profesional. Además, existen otras normas que, aunque omitan cualquier referencia directa a la figura del traductor, son de difícil cumplimiento por la Administración sin él.

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales recoge el derecho internacional europeo a un traductor. Se trata de el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

En el ámbito penal, este Convenio dispone que toda persona detenida debe ser informada de los motivos en un idioma que comprenda. La asistencia de un intérprete, por tanto, sería gratuita y asegurada. Así, la traducción jurídica aseguraría el derecho a la libertad, la seguridad y un proceso equitativo.

Ámbitos públicos en los que es necesaria la traducción

Encontramos muchas disposiciones que hacen referencia a la figura del intérprete en campos de extranjería, investigación y persecución de delitos. En ellos, los que deben actuar en primera instancia son los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado. Y aunque estas normas no mencionan directamente la figura del traductor profesional, deben intervenir para asesorar a los agentes. De esta manera se pueden cumplir las disposiciones.

Por otra parte, existen normativas en las que el derecho a la interpretación es explícita. Y esto es extensible a la traducción jurídica de documentos escritos. Es el caso de aquella normativa relativa a extranjeros en España, sus derechos y libertades para favorecer su integración social. Además, también es necesaria la figura de un traductor o intérprete en las localizaciones de puestos fronterizos (aeropuertos, puertos y fronteras terrestres). 

Éstas son sólo una pequeña parte de las normas nacionales e internacionales que necesitan de la figura del traductor jurídico. La Administración española tiene que contar con profesionales del sector, intérpretes y traductores formados para poder ofrecer un estado pleno de derecho a la ciudadanía. 

Conocer las necesidades y las carencias de la Administración es el primer paso que debe dar para ofrecer una respuesta adecuada en cada caso. De esta forma, la traducción jurídica se convierte en una pieza esencial del puzzle. Y así, se garantiza un trato justo y respetuoso tanto a los ciudadanos como a los profesionales de la traducción.